El agua, los derechos y el precio de la guerra

El agua, los derechos y el precio de la guerra

Por Paolo Falconio

En el sur de Irán, entre los escombros dejados por los últimos bombardeos estadounidenses, solo ha quedado en pie un muro. En ese muro todavía puede leerse una frase: «El agua es el latido de la vida, no la frenemos». A su alrededor, sin embargo, queda muy poco de los depósitos de almacenamiento que suministraban agua potable a más de veinte mil personas. El objetivo fue alcanzado por una bomba guiada por láser. También fueron atacadas dos plantas de desalinización.

El episodio plantea interrogantes que van más allá de la dimensión militar. En una región donde las temperaturas superan los 38 °C a la sombra y pueden alcanzar niveles mucho más elevados durante el verano, el agua no representa únicamente un servicio público: es una condición esencial para la supervivencia. Destruirla no constituye un daño colateral neutral. Es una decisión con consecuencias directas y mensurables sobre poblaciones civiles que no tienen voz en las decisiones que determinan su destino.

El derecho internacional humanitario reconoce una protección especial para las infraestructuras indispensables para la supervivencia de la población civil, particularmente las instalaciones hídricas. Una estructura puede perder dicha protección si se utiliza con fines militares; se trata de una cláusula legítima y necesaria. Sin embargo, en ausencia de pruebas públicas que demuestren un uso militar de las instalaciones atacadas, permanece abierta una cuestión jurídica nada secundaria. Aquellos principios de humanidad que comenzaron a tomar forma ya en el siglo XVIII y que más tarde se reflejaron en las primeras convenciones internacionales no eran simples adornos filosóficos; constituían un intento de poner límites a la violencia de la guerra, protegiendo al mismo tiempo a las poblaciones civiles. Ignorarlos selectivamente no es una concesión táctica. Es una erosión estructural del orden que Occidente ha construido y del que todavía obtiene gran parte de su legitimidad.

Esa misma semana trajo consigo otro caso, geográficamente distante pero jurídicamente relacionado. En Estados Unidos estalló la controversia sobre el traslado a la República Centroafricana de un grupo de inmigrantes procedentes de varios países, entre ellos ciudadanos iraníes. Según sus abogados, algunas de las personas afectadas ya gozaban de protecciones específicas contra la deportación debido al riesgo concreto de persecución, tortura o muerte en sus países de origen. La elección del destino agravó aún más la situación: la República Centroafricana es uno de los Estados más frágiles del planeta, marcado por la violencia crónica, la inestabilidad política y graves deficiencias sanitarias. El caso reabre una cuestión que el derecho internacional de los refugiados ya había abordado mediante el principio de no devolución (non-refoulement): no basta con abstenerse de devolver a una persona a su país de origen. Existe también la obligación de no trasladarla a un lugar donde su seguridad no pueda estar garantizada.

Es aquí donde se manifiesta la contradicción más profunda. Los valores humanitarios constituyen uno de los pilares de la ética occidental y el fundamento sobre el que descansa la credibilidad de Occidente como actor normativo. Quienes valoran la alianza atlántica deberían ser los primeros en exigir coherencia, no por idealismo, sino por lucidez estratégica. Un Occidente que condena los ataques contra infraestructuras civiles en Ucrania y, al mismo tiempo, destruye instalaciones civiles de abastecimiento de agua en otros lugares, pierde su argumento. La política de los dobles raseros no es un atajo pragmático; es una evaluación errónea de la propia fortaleza.

Mientras tanto, el coste económico sigue aumentando. El Banco Central Europeo ha anunciado una subida de los tipos de interés, justificándola por las presiones inflacionarias derivadas de la inestabilidad internacional. Sin embargo, se trata de una inflación impulsada por factores de oferta y no por un exceso de consumo. La paradoja es bien conocida: para combatirla se termina reprimiendo una demanda que ya es débil, trasladando el coste de la guerra a familias y empresas de países que no participaron en ninguna de las decisiones estratégicas que la provocaron.

La imagen del muro superviviente en el desierto iraní nos recuerda que los conflictos contemporáneos golpean infraestructuras esenciales, ponen a prueba principios jurídicos consolidados e influyen en la vida de millones de personas alejadas del frente. El precio de la guerra se mide en el agua que deja de llegar, en los derechos que se vuelven negociables y en la distancia cada vez mayor entre los valores proclamados y las decisiones concretas.

Sin embargo, la verdad más terrible es que este es el verdadero rostro de la guerra. En una época en la que se habla de ella con demasiada ligereza, la verdad puede ayudarnos a comprender que la búsqueda de la paz nunca es en vano, porque la guerra, al final, no perdona a nadie.